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Quindío y Risaralda extienden por seis meses más la calamidad pública

Las Gobernaciones de Quindío y Risaralda extienden por seis meses más la calamidad pública, ya que prevén que con la llegada de al menos 58.000 recolectores de café a la región, se alcance el pico de la pandemia en esta zona del país. 

De acuerdo con los cálculos de las autoridades sanitarias, Risaralda necesita 50.000 trabajadores y Quindío 8.000 más, lo que supone un riesgo alto de contagio ante la llegada masiva de personas de otras regiones del país. 

La coordinadora departamental de Gestión del Riesgo de Desastres en Risaralda, Diana Carolina Ramírez Laverde, informó que no están dadas las condiciones para volver a la normalidad. 

"El decreto que salió en marzo vencía esta semana. Nosotros vimos la situación para saber si se sacaba uno nuevo o no se emitían nuevas indicaciones. Teniendo en cuenta el número de contagios, vemos que no están dadas las condiciones para levantar la calamidad, y por eso tomamos esta decisión", dijo Ramírez.

Para el caso de Caldas se inició el proyecto del centro de aislamiento para recolectores de café en Chinchiná, que inicialmente contará con 50 camas para pacientes con Covid-19. 

La situación en Quindío no es muy diferente. Aunque el departamento es el que menos casos reporta en el Eje Cafetero, con 2.131 casos; a su vez se espera que sea de los últimos en llegar al pico de contagios y fallecimientos, que de acuerdo con las autoridades en salud sería en enero de 2021.

El secretario del Interior del Quindío, Eduardo Orzoco Jaramillo, dijo: "debemos garantizar recursos para que podamos seguir atendiendo todas las situaciones derivadas de la pandemia. Los dineros que nos llegan por regalías son vitales en medio de esta situación. Además que con esta plata podemos seguir trabajando el Plan de Acción Específico, que es el que elaboramos en marzo de este años, con los lineamientos para atender la pandemia".

Esta prórroga está amparada por la Ley 1523 del año 2012, relacionada con las medidas que deban tomar las autoridades de gestión de riesgo, para atender situaciones de emergencia que ocurran en sus territorios.